Incrementar el número de jueces y resto de personal equiparándolo a la media europea, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años (incluyendo el turno libre y el cuarto turno);
Una justicia oral, rápida y resolutiva en la fase cautelar y previa al juicio. Agilizar los procesos mediante más protagonismo de la oralidad en detrimento de lo escrito. España tarda mas de 200 días en resolver un litigio en primera instancia y menos de 200 días en segunda instancia. Es uno de los países de la Unión que más tarda en dictar sentencia
Dotar a los juzgados de los medios necesarios para poder controlar la ejecución de las sentencias, especialmente en lo referido a la jurisdicción de lo social.
Nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad.
En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.
Supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Compatibilizar de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, según la comunidad autónoma de que se trate.
Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo.
La mejora de los medios de información y comunicación tecnológicas.
La simplificación del proceso judicial.
Establecimiento y cuidada implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación.
Creación de sistemas de evaluación ciudadana de la actividad judicial.
Elección de altos cargos judiciales (Presidencias de TS; TSJ; AP) de manera directa por los propios Jueces afectados del mismo territorio, como ocurre para los Jueces Decanos.
Convertir a los Secretarios Judiciales en Jueces de entrada, llevándose la mitad de la plantilla donde sirven actualmente y destinándoles fundamentalmente a la resolución de los asuntos de menor cuantía y complejidad (juicios de faltas, monitorios, etc)
Reforzar la independencia y despolitización del Ministerio Fiscal respecto del Poder Ejecutivo y sobre todo la de sus Órganos representativos y de Gobierno, como el Consejo Fiscal, que deberá ganar en autonomía e imparcialidad.
Regular un sistema adecuado de recursos e intervención de parte, que evite las tácticas dilatorias, reduciendo el número de procedimientos diversos, simplificándolos y reforzando la rapidez y el valor jurídico de lo acordado en la primera instancia, penalizando las conductas procesales claramente temerarias y meramente dilatorias.
Potenciar el conocimiento de los deberes y derechos del cliente frente a su abogado.
Escanear con copia de seguridad toda la documentación existente en los juzgados.
No se pueden ver despachos y oficinas llenos de papeles del suelo al techo.
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